Volumen II

¿PUEDEN HABER ENMIENDAS CONSTITUCIONALES INCONSTITUCIONALES?
UNA MIRADA AL DERECHO COMPARADO

Joel I. Colón-Ríos

La respuesta parecería ser obvia, y su análisis no ameritar las páginas de esta Revista. De hecho, la tesis de que existen límites implícitos al poder de enmendar una constitución ha sido catalogada de “poética”,1 de “asombrosa”, de “radical”, y de “desesperadamente circular”. ¿Cómo defender la idea de una enmienda constitucional “inconstitucional” a base de su contenido, si la sustancia de toda reforma constitucional es, por definición, contraria a la Constitución vigente? Este artículo tiene el objetivo de mostrar que luego de un examen cuidadoso, no sólo la respuesta a esas preguntas deja de ser obvia, sino que comienzan a aparecer buenas razones para adoptar la posición contraria. Tan es así, que además de ser defendida por teóricos constitucionales de distintas tradiciones jurídicas, la doctrina de los límites implícitos al poder de reforma y la idea de enmiendas constitucionales  inconstitucionales forma parte de la jurisprudencia constitucional de países como Alemania, India y Colombia. ver más.

 

PONENCIA CONTRA LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DEL MATRIMONIO HETEROSEXUAL

Carlos Iván Gorrín Peralta

Algunas aclaraciones preliminares o introductorias son de rigor. Estamos considerando una propuesta de enmienda a la Constitución de Puerto Rico. Eso nos obliga a reflexionar, aunque sea brevemente, sobre la naturaleza de dicho documento. Se trata de un instrumento jurídico que define las estructuras del estado, que regula las relaciones entre dichas estructuras, y que restringe su ámbito de acción mediante limitaciones a los poderes delegados al gobierno, los cuales se deben ejercer sin violentar los derechos que el documento les reconoce a las personas. Se trata de un documento que pretende establecer las reglas fundamentales para la convivencia social armoniosa dentro de nuestra sociedad. Por supuesto, nuestra sociedad está compuesta de mucha gente que tiene visiones muy diversas sobre cómo debe desenvolverse esa convivencia. El reto que tienen los constituyentes a quienes se les delega la función de redactar una constitución consiste precisamente de incluir en el texto aquellas normas fundamentales que cuenten con el mayor consenso posible. De lo contrario, es prácticamente imposible acordar el texto. ver más.

 

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE LA AUTONOMÍA MUNICIPAL

Carlos E. Ramos González
Luis M. Negrón Portillo

La Constitución de Puerto Rico le asigna al Estado una serie de poderes y  responsabilidades, las cuales garantizan a los ciudadanos las oportunidades de aspirar a una vida plena. La primera de estas responsabilidades es la de proveerle a los ciudadanos una educación no sectaria y que propenda a su pleno desarrollo. A estos fines, el Estado ha establecido un sistema de educación pública dirigido por el Departamento de Educación, y que incluye a la Universidad de Puerto Rico. Igualmente, el Estado ha creado otras dependencias que participan del proceso educativo tales como la Corporación para la Difusión Pública. La segunda de estas obligaciones constitucionales es aquella relativa a la seguridad pública y a la protección de vida y propiedad. En el caso de esta responsabilidad, la misma le compete al Primer Ejecutivo quien por disposición constitucional estará asistido por un Secretario de Justicia. En el cumplimiento de esta responsabilidad, el Estado ha establecido una variedad de organizaciones bajo la Rama Ejecutiva, entre las cuales se encuentra la Policía de Puerto Rico, el Cuerpo de Bomberos y la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias. La tercera gran responsabilidad del Estado es aquella que se relaciona con la salud. La Legislatura de Puerto Rico tiene la facultad para aprobar legislación en protección de la vida y la salud del pueblo puertorriqueño. El Gobernador, apoyado por un Secretario de Salud, se encarga de la ejecución exitosa de las mismas. ver más.

 

LA EXTRADICIÓN QUE ACARREA LA PENA DE MUERTE: ¿LEGITIMACIÓN JUDICIAL DE LA PENA CAPITAL EN PUERTO RICO?

Karenin Biaggi Velázquez
Karla M. Rodríguez Morales

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico prohíbe la imposición de la pena de muerte. A pesar de que la prohibición de la pena de muerte en Puerto Rico es de rango constitucional, el derecho a la vida proclamado por el pueblo puertorriqueño puede ser desplazado al suscitarse un choque entre el ordenamiento patrio y el ordenamiento federal norteamericano, ya que los puertorriqueños pueden ser condenados a morir al imponerse la pena bajo la normativa federal. Son cuatro las formas por las cuales un puertorriqueño puede ser condenado a la pena de muerte: (1) que se acuse a la persona por un tribunal federal; (2) que se juzgue al acusado en un estado que la aplique; (3) que se juzgue al acusado en un tribunal militar, método que aún no se ha llevado a cabo; y (4) la extradición. ver más.

 

EL REGISTRO DE PERSONAS CONVICTAS POR DELITOS SEXUALES Y ABUSOS CONTRA MENORES: ¿SEGURIDAD O CASTIGO?

Janice Ramírez Vélez

Hay leyes que alteran fundamentalmente la libertad y los derechos de unos pocos para satisfacer la ignorancia y el miedo de las masas. Es en esas instancias en que las pasiones prevalecen sobre la razón, y como consecuencia, se cometen los mayores atropellos. El abuso sexual es una conducta altamente repudiada por nuestra sociedad, no sólo por las repercusiones físicas en la víctima, sino más por las repercusiones psicológicas que ponen en riesgo la estabilidad emocional y el futuro desarrollo social de la persona. Es una modalidad de violación a dos derechos que nuestro ordenamiento jurídico ubica en el más alto sitial, la dignidad e integridad del ser humano. El abuso sexual causa aún más indignación cuando es perpetrado en contra de un menor. Los niños son, en ocasiones, las víctimas preferidas de depredadores sexuales que, por medio de engaños y de regalos, roban de éstos sus dos más preciadas cualidades, la ingenuidad e inocencia. ver más.

 

CONSTITUTIONAL ANALYSIS OF THE PUERTO RICO SUPREME COURT’S
“INHERENT POWER” TO REGULATE THE LEGAL PROFESSION

Frank E. Guerra-Pujol

At this time, the Supreme Court of Puerto Rico has under its consideration a sweeping and comprehensive Proyecto de Reglas de Conducta Profesional, and in accordance with Supreme Court Resolution ER-2005-12, dated November 18, 2005, the Court has requested comments from the public regarding the wisdom of these draft ethics rules. While I do not question the substance of the proposed ethics rules, I do, however, question the Supreme Court’s implicit premise that it has the “inherent power” (autoridad inherente) to regulate the practice of law in Puerto Rico. Aside from its own self-serving assertions to this effect, the Supreme Court has never truly explained where the source of this inherent authority is located. On the contrary, the Court has simply acted as if its regulatory power over the bar were a given –an immutable and universal truth so obvious as to require no explanation–. As my paper will show, however, the Court’s power to regulate the bar is far from obvious. I shall adopt a critical posture toward the Court by asking and attempting to answer the following question: what, exactly, is the basis of the Court’s “inherent authority” to regulate the bar? ver más.

 

“DON’T SHOOT THE MESSENGER!”
FIRST AMENDMENT IMPLICATIONS OF THE ANIMAL ENTERPRISE TERRORISM ACT

Oscar A. Morales Lugo
Isabelle C. Oria Calaf

During a recent partaking in a National Animal Advocacy Competition at Harvard Law School, we had the pleasure of participating in several formal question-and answer sessions with the Nation’s leading litigators, professors, lobbyists, and legal authors concerned with animal rights. Needless to say, we were very fortunate to witness and to participate in an assembly that furthers the development of the animal rights field. Although animal law is rapidly disseminating, legal efforts to enforce it are greatly limited by governmental intervention and constitutional restrictions. The Animal Enterprise Terrorism Act2 targets individuals based exclusively on their political ideology. Potential speakers are restricted from exercising their right to free speech; the fear of being permanently labeled as a terrorist is the most chilling of its effects. This direct infringement on First Amendment rights, coupled with the AETA’s vague and overly broad language, renders it unconstitutional. Furthermore, the punishments under the AETA are inappropriately severe, leading to the deterrence of socially valuable acts of expression. The nefarious consequences of this law should move the judiciary to repeal the AETA. This article supports the movement for change. ver más.