Volumen III

VIVENCIAS Y OPINIONES DE UN ABOGADO

Carlos J. Irizarry Yunqué

Nací el 24 de junio de 1922 en Sabana Grande, donde me crié y viví hasta comenzar mis estudios universitarios en el año 1949. Fueron mis padres Juan José Yunqué Gelabert y Cándida Amina Segarra Toledo. Yo tenía dos años de edad cuando murió mi madre, y ocho años cuando murió mi padre, ambos afectados por tuberculosis pulmonar. No tengo recuerdos de ella, conocí a mi padre, pero nunca tuve contacto directo con él debido a su enfermedad. De él tengo mi mejor tesoro, una carta suya dirigida a mi madre y a mí, cuando yo apenas contaba con un año de edad. Él estaba afectado por la tuberculosis y se hallaba recluido en el sanatorio antituberculoso en Río Piedras. ver más.

 

LOS MECANISMOS ESTATALES PARA EL ADELANTO DE LAS MUJERES: SU HISTORIA, SU REALIDAD

María Dolores Fernós López-Cepero

Luego del transcurso de varias décadas de haberse creado por ley en Puerto Rico un mecanismo estatal para el desarrollo de los derechos de las mujeres, la Comisión para los Asuntos de la Mujer, y a siete años de haberse ampliado sus facultades al crearse la Oficina de la Procuradora de las Mujeres mediante nueva legislación, corresponde una breve reflexión que repase el origen y los propósitos de estos mecanismos así como un análisis de los contextos en los que han tenido que operar y realizar sus funciones. ver más.

 

ANÁLISIS DE LA DEFINICIÓN LEGAL “ZONA MARÍTIMO TERRESTRE” EN PUERTO RICO: HACIA UNA NUEVA DEFINICIÓN

Diana López-Feliciano

La Ley de Muelles y Puertos de 1968 define lo que constituye la zona marítimo terrestre en la costa de la isla de Puerto Rico, incluyendo en dicha zona las playas. Esta zona de la costa es un bien de dominio público por disposición de la Ley de Puertos para la Isla de Puerto Rico, vigente el 5 de febrero de 1886. Como el mar es dinámico, por causas naturales avanza tierra adentro, con la consecuencia de integrar terrenos que antes estaban fuera de su zona natural,  denominados así como “terrenos ganados por el mar”. Este fenómeno natural afecta las propiedades privadas, convirtiéndolas en propiedades de dominio público por afectación natural. ver más.

 

DE SAN JERÓNIMO A PASEO CARIBE*

Antonio Fernós López-Cepero

La historia de Paseo Caribe es la historia del Parque San Jerónimo y del asalto y atraco a nuestro pueblo en 1898; el asunto Paseo Caribe es un ejemplo de invasión y agresión cultural contra la nación del pueblo puertorriqueño. De eso es de lo que se trata. San Jerónimo del Boquerón es un símbolo patrio de resistencia criolla autóctona ante el invasor extranjero. El Imperio nunca defiende fortaleza o defensa alguna con el ardor que el pueblo defiende un trozo de lo que sabe es su Terruño Patrio. Así fue en 1797 y así fue en 2007. Siempre luchar por la libertad, siempre unida a la lucha por la preservación de la identidad; ésta no puede ser otra que la identidad en la cultura propia y la nacionalidad. Así fue en 1797, y así fue en 2007. Los hijos del País, de la tierra y su mar, defendieron lo suyo; el extraño, el extranjero, el poder, el imperio (sea cual sea), ataca, asalta y explota; nunca protege, nunca defiende. ver más.

 

LA FALSIFICACIÓN DE ENDOSOS EN CHEQUES: UN ANÁLISIS PRÁCTICO*

Miguel R. Garay Aubán

La Ley de Transacciones Comerciales de Puerto Rico,1 que entró en vigor el 1 de enero de 1998, ha modernizado una serie de instituciones de Derecho mercantil, incluyendo la reglamentación de los instrumentos negociables que hasta entonces estuvo regida, primeramente por el Código de Comercio de 1886 y a partir del año 1930, por la Ley Uniforme de Instrumentos Negociables. La aprobación de esta ley ha tenido el efecto de uniformar la reglamentación de las materias que rige, con todas las jurisdicciones de los Estados Unidos, ya que ésta es copia casi fiel y exacta del “Uniform Commercial Code”. ver más.

 

LA VISTA DE CAUSA PROBABLE PARA ARRESTO: SU NORMATIVA ACTUAL Y LA PROPUESTA PRESENTADA

Julio E. Fontanet Maldonado

El 14 de febrero de 2008, en la pasada Conferencia Judicial, se presentó oficialmente el Proyecto de las nuevas Reglas de Procedimiento Penal. La Propuesta fue presentada por el Comité Asesor Permanente de Reglas de Procedimiento Criminal. Dicha Conferencia se llevó a cabo ante la presencia de los miembros de la Rama Judicial e invitados especiales.1 El Comité discutió en términos generales los aspectos más importantes de la Propuesta. Cabe destacar que al momento de redactar el presente escrito –en marzo de 2008–, la abogacía puertorriqueña no ha tenido la oportunidad de expresarse de manera significativa sobre tan importante Propuesta. Debe señalarse que sólo se le concedió a la abogacía nacional hasta el 15 de marzo de 2008 para presentar sus reacciones a las nuevas reglas. ver más.

 

DAUBERT Y LA CONFIABILIDAD COMO CRITERIO PARA LA ADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA CIENTÍFICA

Enrique Vélez Rodríguez
Marisela Vázquez Marrero

Es incuestionable que Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals, Inc. constituyó un hito en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y que su doctrina ha generado abundante literatura jurídica. De igual forma, su efecto sobre el quehacer práctico-procesal es evidente. A diario jueces y magistrados tienen que adjudicar planteamientos centrados en Daubert y su progenie, desempeñando con ello el papel de gatekeeper al que alude el juez Blackmun en su Opinión. El efecto de Daubert y su progenie2 sobre el estado de derecho de la prueba científica de opinión (expert scientific opinion evidence) es apreciable si se analiza el anterior estado de derecho, la llamada doctrina de Frye v. United States. Imbricado en este análisis está un conocido debate doctrinal: ¿cuál es el estado de derecho casuístico tras la puesta en marcha de las Reglas Federales de Evidencia? Dicho de otra forma, luego de 1975 (año en que se promulgaron las Reglas), ¿puede sobrevivir una norma jurisprudencial que no fue incorporada por el Congreso dentro del esquema de las Reglas? ¿Debe aceptarse la normatividad de la jurisprudencia luego de promulgadas las Reglas Federales de Evidencia? Con anterioridad a Daubert, ya el Tribunal Supremo de Estados Unidos había confrontado esta interrogante en varias decisiones importantes. ver más.

 

EL DERECHO DE ABOGADO EN LOS PROCEDIMIENTOS POST SENTENCIA

Rafael Machargo Olivella

El Tribunal Supremo de Puerto Rico adoptó una norma de la jurisdicción federal, la cual deniega el derecho de abogado a los confinados indigentes en procedimientos post sentencia, aunque ésta pueda ser entendida como una primera apelación. La norma adoptada no es aplicada por todos los Estados, toda vez que la misma no ha sido discutida luego de las expresiones que hiciera el Tribunal Supremo Federal (dictum), señalando que cuando el ataque colateral a la sentencia pueda ser entendido como la primera y única apelación debe de concederse el derecho de abogado por crear una desigualdad arbitraria entre ricos y pobres. Lo anterior provoca un problema de inconstitucionalidad, por violentar la igual protección de las leyes y el debido proceso de ley; especialmente en cuanto al análisis aplicado a la frase de “meaningful access” a los tribunales. ver más.