Antonio S. Negrón García

 

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Antonio S. Negrón García
Catedrático Distinguido

 

 

B.A., 1962; J.D., 1964, Universidad de Puerto Rico; Asesor Legal de la Autoridad de Fuentes Fluviales; Juez de Distrito 1966-1969; Juez Superior 1969-1974, Presidente Comité Asesor de Nombramientos Judiciales del Gobernador 1972-1974; Secretario Ejecutivo del Consejo Sobre la Reforma de Justicia de P.R. 1972-1974; Juez Asociado del Tribunal Supremo de Puerto Rico. 1974-2000 (el juez más joven en ocupar un asiento en el Tribunal Supremo). Juez ponente de las opiniones del Foro, así como de opiniones concurrentes o disidentes en centenares de casos, entre los cuales destacan: Ex Parte Andino Torres, 151 DPR 797 (2000) (cambio de nombre y enmienda del sexo en el certificado de nacimiento de un transexual; concurrente; PAC v. C.E.E., 149 D.P.R. 256 (1999) (inconstitucionalidad del uso de fondos públicos en las primarias presidenciales; concurrente y disidente); Pérez Román v. Proc. Esp. Rel. de Familia, 148 D.P.R. 222 (1999) (negó la adopción de un menor por una pareja no casada; disidente); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 D.P.R. 141 (1997) (derecho del elector puertorriqueño a votar aun cuando hubiere renunciado a la ciudadanía americana; objetor de conciencia por razones ideológicas; concurrente); Díaz v. Alcalá, 140 D.P.R. 959 (1996) (no tiene derecho de ex cónyuge sobre título profesional médico del otro); Noriega v. Gobernador, 130 D.P.R. 919 (1992) (inconstitucionalidad del carpeteo a independentistas y mandato de entregar las carpetas sin eliminar los nombres de los agentes e informantes); Hernández Torres v. Hernández Colón, 129 D.P.R. 849 (1992) (inconstitucionalidad del presupuesto desbalanceado e impacto en los bonos gubernamentales; disidente); In re Belén Trujillo, 128 D.P.R. 962 (1991) (facultad del Tribunal Supremo para disciplinar abogado por violaciones “éticas” mientras era estudiante de Derecho;  disidente); In re Colton Fontán, 128 D.P.R. 1 (1991) (destitución y suspensión de la abogacía a los fiscales por conducta profesional impropia durante las investigaciones relacionadas con los sucesos del muertes Cerro Maravilla); Nogueras v. Hernández Colón, 127 D.P.R. 429 (1990) (inconstitucional de la Segunda Sesión Ordinaria Anual Legislativa; disidente); Banco de Santander v. Rosario Cirino, 126 D.P.R. 591 (1990) (requisitos del tercero registral y noción de buena fe en ese ámbito); Rodríguez v. Supermercado Amigo, 126 D.P.R. 117 (1990) (precedente que reconoció la acción por hostigamiento sexual en el empleo); Noriega v. Hernández Colón, 126 D.P.R. 58 (1990) (inconstitucionalidad del uso indebido de fondos públicos para promover la venta de la Compañía Telefónica; disidente); Elba A.B.M. v. U.P.R., 125 D.P.R. 331 (1990) (responsabilidad de las instituciones educativas universitarias por los daños intencionales perpetrados contra estudiantes por terceros; concurrente); Pueblo v. Lausell Hernández, 121 D.P.R. 823 (1988) (exposición doctrinaria sobre la “desobediencia civil” como forma de protesta); Amy v. Ad. Deporte Hípico, 116 D.P.R. 414 (1985) (derecho constitucional al trabajo); Berríos v. U.P.R., 116 D.P.R. 88 (1985) (el proceso judicial requiere, además de verdad formal, lealtad y juego limpio); Soto v. Srio. de Justicia, 112 D.P.R. 477 (1982) (inconstitucionalidad de la ley que declaraba confidencial por treinta años los documentos de cualquier investigación que realizara el NIE del Departamento de Justicia; en este caso, los protocolos de las autopsias de las víctimas en los sucesos del Cerro Maravilla); Com. de la Mujer v. Srio. de Justicia, 109 D.P.R. 715 (1980) (inconstitucionalidad de la Regla de Procedimiento Criminal que requería que el testimonio de la mujer perjudicada fuera corroborado si surgía la existencia de relaciones amistosas con el acusado); Pueblo v. Ortiz Pepín, 105 D.P.R. 547 (1977) (examen de la Ley de Sustancias Controladas y exposición de los efectos y problemas médicos, sociales y delictivos de la marihuana); Catedrático Ad Honorem 1995-2000 y Catedrático Distinguido UIPR desde agosto 2000 a cargo de Seminarios de Derecho y Práctica Apelativa, Responsabilidad Civil Extracontractual Avanzada y Análisis de Problemas Jurídicos. Fue asesor ad honorem de la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión del Código Civil (2001-2006) y de la Oficina de Ética Gubernamental (2001-2008). Miembro de la Junta Asesora del Centro para la Libertad de Prensa en Puerto Rico. Es autor de artículos de opinión en el periódico El Nuevo Día y de artículos en revistas jurídicas, tales como: “La calificación de documentos judiciales”, 36(2) Rev. Jur. UIPR 276 (2007); “Crisis y redención del notariado puertorriqueño (mitos y realidades)”, 63(4) Rev. Col. Abog. 60 (2002), participación en foro Cobertura de Medios vs. Presunción de Inocencia, 14 de noviembre de 2011; Recensión: Serrano Geyls, Raúl: Vol. I, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, 58 Rev. Col. Abog. 207 (1997); Recensión: Serrano Geyls, Raúl: Vol. II, Derecho de Familia de Puerto Rico y Legislación Comparada, 64 Rev. Col. Abog. 84 (2003); “Nueva visión de la función social del Abogado”, Ponencia presentada ante la Toma de Posesión del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, el 3 de noviembre de 1995, 30(3) Rev. Jur. UIPR 333 (1996), y de los prólogos de los siguientes textos: Derecho Registral Inmobiliario Puertorriqueño (del profesor Luis Rafael Rivera) y Ética y responsabilidad disciplinaria del abogado (del juez y profesor Sigfrido Steidel Figueroa).