El otro día me percaté de una conversación entre dos personas. “Eso es una empanadilla” decía uno, y el otra le contestó “no, es un pastelillo”. No tuve la oportunidad de escuchar la conclusión de este debate filosófico, pero me imagino que ninguna de esas personas terminó convencida. Sería bueno si existiera una entidad imparcial que nos pueda decir quién tiene la razón.

No creo que sería controversial aseverar que los tribunales deben ser foros imparciales. Aunque tal vez no atiendan controversias relacionadas a las frituras, si atienden controversias igual de contenciosas. A veces se complica la situación, porque ambas partes en un pleito pueden estar en lo correcto. Le corresponde a ese tribunal hacer una determinación que equilibre los intereses en juego. Por lo tanto, es importante que el juzgador, sea jurado o el juez, sea imparcial ante cualquier situación que enfrente.

En Puerto Rico, la conducta de los jueces se rige por un Código de Ética Judicial. Este código requiere que los jueces se inhiban ante casos en los que puedan tener un interés que les prohíba llegar a una determinación basada en puro derecho. Es el Tribunal Supremo de Puerto Rico el que tiene el deber constitucional de velar por la integridad de la abogacía y el sistema judicial.

¿Qué pasa cuando a las personas que velan por la integridad e imparcialidad del sistema se les cuestiona su conducta ética? Este es el problema que enfrenta el juez asociado del Tribunal Supremo federal, Clarence Thomas. Recientemente, han surgido reportes que cuestionan la parcialidad del juez Thomas. Entre estos están el activismo político de su esposa, Virginia Thomas, y las donaciones y regalos no reportados que el juez Thomas ha recibido de Harlan Crow. El Sr. Crow es un donante y activista con fuertes lazos con causas conservadoras, y los regalos que le ha hecho al juez Thomas exceden los $100,000.

No podemos saber si estos hechos han afectado las decisiones del juez Thomas -su historial e ideología han sido ampliamente documentadas- pero sí ponen en duda su parcialidad. El Canon 8 de nuestro Código de Ética Judicial dispone que “[l]a conducta de las juezas y de los jueces ha de excluir la posible apariencia de que son susceptibles de actuar por influencias de personas, grupos, partidos políticos o instituciones religiosas, por el clamor público, por consideraciones de popularidad o notoriedad, o por motivaciones impropias”. Desafortunadamente, no existe un Código de Ética Judicial que rija la conducta de los jueces del Tribunal Supremo Federal. Sin embargo, el Senado federal actualmente contempla unas reglas de ética con este propósito.

El Tribunal Supremo federal actualmente enfrenta su mayor crisis la memoria reciente. Una encuesta de Gallup de 2022 demostró que la confianza en el Tribunal Supremo disminuyó de 67% en el 2020 a 47% en el 2022. Este asunto tiene que ser atendido, porque como están las cosas, yo no dejaría que me digan si se dice empanadilla o pastelillo.