La ley Promesa creó una estructura de gobernanza territorial que actúa por encima del gobierno de Puerto Rico. Ya nadie duda que rige a la usanza de procónsules en contra de las decisiones de nuestros funcionarios electos y otras veces en contubernio con éstos. A la vez, fue diseñada para que ejecutara en la oscuridad con transparencia mínima. Más perversa y maleable no puede ser la Cláusula Territorial de la Constitución federal que permite la operación de tal criatura.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) es una de las organizaciones no gubernamentales que ha estado buscando espacios en el Estado de Derecho vigente para exigir a la Junta rendición de cuentas. De hecho, logró invocar con éxito su derecho a acceso a la información que establece la Constitución de Puerto Rico y su jurisprudencia interpretativa. Consiguió que tuviese que entregarle una variedad de documentos relacionados con las comunicaciones entre la entidad y varios componentes gubernamentales de Puerto Rico y Estados Unidos. Sin embargo, a mitad del proceso de entrega de ciertos documentos importantes la Junta rehusó entregar más información. Hubo que demandarlos en la jurisdicción federal, donde apareció la actitud camaleónica y maleable de la entidad gobernante. “No podemos ser demandados en el tribunal federal pues somos el equivalente a un gobierno estatal protegidos por la inmunidad soberana que establece la Enmienda XI de la Constitución federal”.

En términos generales, esta enmienda prohíbe que un estado sea demandado en dicho foro federal por razones del federalismo y la “soberanía” que conservó al entrar a la Unión. Esta inmunidad también la tienen los estados en sus respectivas constituciones para que tampoco sean demandados en cierto tipo de litigios en los tribunales estatales. Sin embargo, ambas inmunidades tienen una importante excepción: tanto el Congreso como los estados pueden autorizar a que sean demandados, renunciando así a su “inmunidad soberana”. De hecho, el gobierno territorial de Puerto Rico así lo ha hecho para ciertos tipos de pleitos. Uno de ellos es cuando el litigio es para vindicar el derecho de acceso a información. Esta renuncia vino a través de una decisión judicial y al aprobar recientemente leyes sobre transparencia y acceso a la información.

En el caso de la Junta de Supervisión Fiscal v CPI, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos rehúsa decidir si al gobierno del territorio de Puerto Rico lo cobija la protección de inmunidad soberana que establece la Enmienda X. Sin embargo, sin decidir esta cuestión medular y antecedente a toda la controversia, decide que correspondía al Congreso tomar esta decisión cuando aprobó Promesa. Esta acción del Congreso debió ser “inequívocamente clara”. Con un prisma muy rígido, dilucidó que Promesa no podía interpretarse así.

Dicho de otro modo, como la junta federal es parte del gobierno de Puerto Rico, salvo indicación en contrario del Congreso, no puede ser demandada en este tipo de litigio ante el tribunal federal. El resultado neto: ¡el foro federal no está disponible para impedir que la Junta siga operando en la oscuridad salvo que de manera muy clara el Congreso diga lo contrario! ¿Se puede ser más perverso y maleable que esto?

Hay que utilizar la lógica claro/oscura del Tribunal Supremo de los Estados Unidos para exigir transparencia de la Junta, quizás enfatizando la renuncia a la inmunidad que ha hecho el gobierno territorial para ser demandados en sus tribunales. Por supuesto: habrá que enfrentar a la Junta camaleónica, que usará otro ropaje para insistir en su oscurantismo operacional. No importa: este litigio ha demostrado que la batalla por la reivindicación de nuestros derechos fundamentales también sirve para denunciar los abusos del poder.